El coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, volvió a cuestionar el manejo de recursos públicos y diversos proyectos de los gobiernos estatal y municipal, al referirse a la vialidad Poniente 5, la reserva de información relacionada con la obra, la deuda estatal, la Torre Centinela, la venta de viviendas de Pensiones y un proceso de subasta en Cuauhtémoc.

En el caso de Poniente 5, Estrada sostuvo que la obra puede realizarse sin contratar el crédito que ha planteado el Municipio de Chihuahua y recordó declaraciones del secretario de Obras Públicas, Carlos Rivas, en el sentido de que el proyecto podría comenzar en 2027 aun cuando no se autorice el financiamiento.

El legislador consideró que esa posibilidad refuerza su postura de que primero deben revisarse alternativas financieras antes de comprometer recursos mediante deuda. El proyecto contempla una primera etapa de 386 millones de pesos, con una aportación estatal de 150 millones y el resto mediante un esquema de financiamiento municipal sujeto a aprobación del Congreso.

Estrada también cuestionó que el Municipio haya reservado información relacionada con Poniente 5. Señaló que Morena solicitó información el 9 de julio y que posteriormente se emitió un certificado de reserva, argumento que, desde su perspectiva, no debería utilizarse de manera general para impedir el acceso a información relacionada con una obra pública.

El coordinador morenista también habló sobre la situación de viviendas vinculadas con Pensiones Civiles del Estado en Delicias y Parral. Consideró positivo que las propiedades puedan ser adquiridas por las personas que actualmente las ocupan, pero pidió que la decisión quede formalmente establecida por los órganos correspondientes y no solamente como un anuncio.

En Cuauhtémoc, informó que Morena analiza una vía jurídica para buscar que se revoque un acto administrativo relacionado con una subasta de viviendas y que posteriormente puedan establecerse mecanismos para una venta directa a quienes tengan interés en adquirirlas. Dijo que el análisis jurídico podría estar concluido en los próximos días.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la Torre Centinela, proyecto cuya inversión y resultados en materia de seguridad han sido señalados anteriormente por el diputado. Estrada sostuvo que el proyecto ha tenido un costo que ronda los 4 mil 500 millones de pesos y afirmó que empresarios del sector le han mencionado una diferencia cercana a 1 mil 800 millones respecto de lo que, según esos señalamientos, podría haber costado.

La cifra contractual publicada para el proyecto es de alrededor de 4 mil 709.8 millones de pesos, mientras que información reportada para el segundo trimestre de 2026 señalaba recursos pendientes por aproximadamente 457.5 millones de pesos. Las afirmaciones de Estrada sobre un supuesto sobrecosto corresponden a su señalamiento y no constituyen por sí mismas una conclusión de una auditoría.

El diputado también puso en duda que la Torre Centinela haya producido los resultados de seguridad que fueron planteados cuando se presentó el proyecto y cuestionó las fuentes utilizadas para medir sus resultados. Señaló que una eventual participación más directa de instituciones federales podría modificar la estrategia de seguridad, aunque esa decisión corresponde a las autoridades competentes.

Sobre las finanzas estatales, Estrada estimó que la deuda de Chihuahua podría alcanzar entre 65 y 66 mil millones de pesos al cierre de la administración de María Eugenia Campos. Aclaró que se trata de una estimación y argumentó que el endeudamiento sería más justificable si estuviera acompañado de una mayor cantidad de obras o inversión social visible.

En contraste, defendió el manejo de la deuda federal al señalar que debe analizarse en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y no solamente por su monto absoluto. También cuestionó a quienes critican las obras federales mientras, según su planteamiento, señalan simultáneamente que no existe inversión pública.

Estrada abordó además la situación de una gobernadora indígena, quien presentó una solicitud ante el Congreso para recibir respuesta sobre un planteamiento realizado ante el Poder Legislativo. El diputado sostuvo que el Artículo 8 constitucional, relativo al derecho de petición, obliga a las autoridades a responder las solicitudes presentadas por la ciudadanía.