En el marco de un encuentro organizado por la asociación Hola, Chihuahua y el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, se llevó a cabo este viernes una conferencia en el Congreso del Estado de Chihuahua para analizar el uso del indulto como mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres, especialmente aquellas en contextos de pobreza, exclusión o violencia estructural.

El evento, moderado por Ana Isabel del Centro de Atención del Objetivo Abacador, reunió a expertas en derecho, activistas y funcionarias públicas, quienes destacaron la importancia de esta figura jurídica —prevista en el artículo 93 de la Constitución local y los artículos 103 y 95 bis del Código Penal estatal—, la cual permite al titular del Poder Ejecutivo suspender la ejecución de una sentencia penal sin eliminar la responsabilidad legal.

Durante su intervención, Rosa María Sáenz Herrera abogada feminista y ganadora del Premio Nacional del Frente Nacional Feminista subrayó que, aunque el indulto no distingue género, su aplicación debe considerar la interseccionalidad en casos de mujeres criminalizadas por delitos vinculados a contextos de violencia, falta de acceso a defensa adecuada o acuerdos abusivos en juicios abreviados.

“Muchas mujeres aceptan condenas menores por miedo a enfrentar sentencias excesivas. El indulto podría ser una herramienta para revisar estas injusticias, pero requiere lineamientos claros que eviten su uso indiscriminado”, señaló Sáenz Herrera, quien también destacó la necesidad de reformar el sistema de defensa pública para garantizar procesos justos.

Por su parte, Sara Gabriela Cárdenas Fernández, experta en derecho administrativo, recalcó que el indulto es una figura infrautilizada en Chihuahua: “Es una facultad discrecional del gobernador, pero su aplicación responsable podría alinearse con estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en casos donde la pena se vuelve injusta o inhumana”.